Tras el debate surgido esta semana por los protocolos antiaborto anunciados por la Junta de Castilla y León, el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, ha reaccionado enviando un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de dicha comunidad autónoma que preside Alfonso Fernández Mañueco, en el que advierte de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

En un comunicado remitido este domingo a los medios, Moncloa ha asegurado que el Gobierno "utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".

Fue el pasado jueves cuando la Junta de Castilla y León anunció que implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

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Ante este anuncio, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha asegurado que "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas" a los derechos fundamentales de las mujeres "en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado ni por parte de Administración Pública alguna", subrayan.

En este sentido, el Gobierno español ha matizado que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar y establecer las medidas pertinentes.

Entre los motivos expuestos en el requerimiento enviado por el Gobierno central a la Junta de Castilla y León está el de que "se abstenga de aprobar y aplicar medidas que vulneren o menoscaben lo establecido en la norma sobre la interrupción voluntaria del embarazo".

Además, advierte de que, en caso de haber sido ya adoptada, cese "de inmediato" cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.

Por otro lado, también "se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas" y que se comunique al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

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El Gobierno ha cerrado su comunicado avisando de que en el caso de que la Junta de Castilla y León no atienda "íntegra e inmediatamente" este requerimiento, no se descarta "implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

Por este motivo, estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, puesto que entiende que la aplicación de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma".

Estos cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos fueron avanzados primero por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente tuvo que ser corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.

Ante los nuevos protocolos, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.